El candidato presidencial de FCN-Nación, Estuardo Ernesto Galdámez, entre los señalados. Foto redes sociales
Implicados en el caso denominado “Subordinación del poder Legislativo al Ejecutivo, una expresión de la captura del Estado”, un mecanismo de la compra de votos y voluntades desde el Congreso.
Hoy la Fiscalía Especial contra la Impunidad del Ministerio
Público y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), presentan
ocho solicitudes de antejuicio en contra del ministro de Economía Acisclo
Valladares Urruela, y siete diputados del Congreso de la República de
Guatemala, por la posible comisión de hechos ilícitos que acontecieron entre 2012
y 2015.
Entre los señalados está el candidato presidencial del
oficialismo FCN-Nación, Estuardo Ernesto Galdámez Juárez.
HALLAZGOS
Según el informe del MP, la investigación inició por una
información recibida sobre la posible compra de votos en el Legislativo para la
aprobación de determinadas leyes. Al indagar sobre algunos indicios obtenidos,
se estableció que dentro del Estado de Guatemala operaba una estructura de
funcionarios que alteraban el orden democrático y el sistema republicano, al
supeditar las funciones legislativas a directrices del Poder Ejecutivo a cambio
de una promesa de pago o una dádiva.
De esta manera los diputados de la bancada Patriota recibían
y cumplían con las instrucciones emitidas por la entonces vicepresidenta,
Ingrid Roxana Baldetti Elías, en reuniones sostenidas horas antes de las
sesiones plenarias acerca de las decisiones que debían ejercer como
legisladores, respondiendo así a intereses individuales, partidistas y hasta
empresariales.
En labores conjuntas de la FECI y la CICIG se adelantaron
diligencias que permitieron recabar y analizar información de diversas
instituciones, incluidas el Congreso de la República de Guatemala, la
Superintendencia de Telecomunicaciones (SIT), la Secretaría de Asuntos
Administrativos y de Seguridad (SAAS), el Registro Mercantil, así como otras
entidades privadas que permitieron llegar a las conclusiones de la
investigación.
De los hallazgos de la investigación se derivó que la
promesa de dádiva correspondía a pagos bimensuales de Q50 mil por diputado,
dinero que era entregado en efectivo y en maletas remitidas a personal de
confianza de la entonces vicepresidenta Baldetti, de manos de los altos
directivos de la empresa de telecomunicaciones, TIGO, Acisclo Valladares
Urruela y Luis Fernando Valladares Guillén, en la oficina principal de dicha
entidad.
Desde la Vicepresidencia, el dinero era repartido través de
algunos diputados de confianza que eran denominados entre ellos como “jefes de
línea” o “brochas”. Éstos, además de estar encargados de la repartición del
dinero al resto de diputados, (pagos referidos por los mismos como “las
champurradas”), también se encargaban de trasladar las instrucciones que
emanaban de Ingrid Roxana Baldetti Elías. Esta forma de operar se dio desde que
inició la legislatura 2012-2016, lo cual permitió aprobar determinados paquetes
de leyes.
Debido a este modus operandi de la estructura criminal, en
cuanto al manejo en efectivo del dinero prometido como dádiva, se cuenta con
una serie de declaraciones testimoniales (incluyendo la de un exdiputado del
Partido Patriota y “jefe de línea”) que ponen de manifiesto la ruta y
repartición del dinero, las cuales fueron corroboradas mediante actos de
análisis y de verificación policial.
Asimismo, la subordinación del Poder Legislativo a la
Vicepresidencia se evidenció a través de numerosas comunicaciones obtenidas a
raíz de extracciones de dispositivos celulares o correos electrónicos, que
coinciden a su vez por testimonios de personas que declararon ante juez en
anticipo de prueba.
Producto de estos pactos, y de esa supeditación del Poder
Legislativo a las órdenes del Poder Ejecutivo, se tomaron diversas decisiones
en el Congreso y se sancionaron leyes, entre ellas el 8 de abril de 2014 se
aprobó el Decreto 12-2014 “Ley de Control de Telecomunicaciones Móviles en
Centros de Privación de Libertad y Fortalecimiento de la Infraestructura para
Transmisión de Datos”. Dicha ley fue producto de negociaciones entre los
empresarios y la Vicepresidenta, siendo su versión final impuesta para su aprobación
sin cambios por parte de los diputados, resultando la entidad comercial TIGO la
más beneficiada por la entrada en vigor de esa normativa.
CONCLUSIONES
Según el MP, se trata de la vulneración del principio
republicano de separación de poderes:
Uno de los principios republicanos fundamentales es la
separación de poderes. La Constitución de la República de Guatemala prohíbe la
subordinación entre ellos.
La investigación determinó que, las acciones realizadas por
la exvicepresidenta Roxana Baldetti, y
algunos de los diputados del Congreso de la República de la
legislatura 2012-2016, supeditaron la potestad legislativa a los intereses de
la Vicepresidencia y otros actores
privados, a cambio de una promesa de
dádiva/ soborno, pervirtiendo así la independencia de poderes y el fin de las
instituciones.
Los diputados que impulsaron determinadas leyes y votos en
el Congreso, a cambio de recibir una dádiva, incumplieron con su mandato
constitucional de ser representantes del pueblo y dignatarios de la Nación.
VULNERAN IGUALDAD
La entidad comercial TIGO, por medio del Decreto
12-2014, obtuvo beneficios para sus
intereses comerciales, según la investigación.
Para ello se valió de mecanismos espurios como el pago de
dádiva/soborno a varios diputados del
Congreso de Guatemala, por medio de la entonces Vicepresidenta Roxana Baldetti.
Así, la entidad TIGO se colocó en ventaja competitiva,
obtenida de forma desigual respecto a
los competidores de su misma línea de negocios.
Los pactos,
viabilizados por el soborno, supeditaron el Poder Legislativo a las
órdenes del Poder Ejecutivo, con esa perversión de origen se tomaron diversas
decisiones en el Congreso y se sancionaron leyes. Estas acciones incluyeron el
nombramiento de funcionarios de primer nivel en instituciones claves para el
país como la Contraloría de Cuentas o las Cortes del país.
La actuación de agentes privados en contubernio con
funcionarios públicos (diputados y exvicepresidenta) convirtieron al Organismo
Legislativo en un tramitador de intereses corruptos. Al punto que los
legisladores ni siquiera leían las iniciativas de Ley que proponían, pero que
su trámite les significaría un beneficio (soborno).
SOLICITUDES DE
ANTEJUICIO
Hoy se presentaron solicitudes de antejuicio en contra de
las siguientes personas:
Acisclo Valladares Urruela (Ministro de
Economía): asociación ilícita, cohecho activo.
Estuardo Ernesto Galdámez Juárez (diputado y
candidato presidencial de FCN-Nación, partido gobernante): Asociación Ilícita,
violación a la Constitución, cohecho pasivo,
lavado de dinero u otros activos.
Juan José Porras Castillo (diputado): Asociación
ilícita, violación a la Constitución,
cohecho pasivo, lavado de dinero u otros activos.
Mirna Magnolia Figueroa Resen de Coro
(diputada): asociación ilícita, violación a la Constitución, cohecho pasivo,
lavado de dinero u otros activos.
Marco Antonio Orozco Arriola (diputado):
Asociación ilícita, violación a la Constitución, cohecho pasivo, lavado de
dinero u otros activos.
Boris Roberto España Cáceres (diputado):
Asociación ilícita, violación a la Constitución, cohecho pasivo, lavado de
dinero u otros activos.
Haroldo Eric Quej Chen (diputado): Asociación
ilícita, violación a la Constitución,
cohecho pasivo.
Gustavo Adolfo Medrano Osorio (diputado):
Asociación ilícita, violación a la Constitución, cohecho pasivo.
SIN ORDEN DE CAPTURA
“No obstante, hoy se están presentando únicamente los
antejuicios en contra de los funcionarios que participaron en las posibles
actividades ilícitas, y no se procedió a solicitar citación y/o captura de los
exfuncionarios involucrados en los mismos señalamientos que ya no gozan de
inmunidad. Ello, debido a que aún se encuentra en impugnación la decisión de la
Sala Segunda de la Corte de Apelaciones del Ramo Penal, Narcoactividad y
Delitos Contra el Ambiente que resolvió con lugar la recusación promovida por
los representantes de la empresa TIGO en contra de la juez del Juzgado Noveno
de Primera Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos Contra el Ambiente”,
señala el MP.
Añade el ente investigador, “es importante resaltar que la
Sala de Apelaciones resolvió que no se probó la causal de recusación; sin
embargo por sanidad procesal, ordenó remitir las actuaciones al Juzgado Décimo
de Primera Instancia Penal a cargo del Juez Víctor Manuel Cruz Rivera”..
“Los representantes de la empresa de telecomunicaciones han
realizado numerosas peticiones como si fuesen sujetos procesales. No obstante
mediante acción constitucional de amparo promovida contra las diligencias de
allanamiento realizadas en noviembre de 2017 a las oficinas de la entidad, el
Tribunal constitucional únicamente les
reconoció su calidad de interesados. Es decir, que sin tener la calidad de
sujeto procesal, han promovido una serie de impugnaciones, así como tres
denuncias penales contra fiscales del caso, incluso, han requerido la
separación del personal de la FECI del proceso”, detalla el MP.
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Motines y fugas evidencian crisis en cárceles durante 2025
El país atraviesa una compleja situación de seguridad, un fenómeno que, al analizarse desde años anteriores, muestra un patrón recurrente dentro del sistema penitenciario.
Los motines más recientes sucedieron el sábado 17 de enero de 2026.
Durante 2025, se registraron al menos cinco motines en diferentes centros carcelarios del país, según recuentos oficiales y reportes periodísticos.
El primer motín del año se reportó en junio, en la prisión Renovación I, ubicada en Santa Rosa, Escuintla, marcando el inicio de una serie de disturbios que se prolongarían a lo largo del año.
Posteriormente, en agosto, se produjo una ola de motines simultáneos en varios centros penitenciarios. El 5 de agosto de 2025, las autoridades reportaron disturbios en los que se encontraron Q192 mil en efectivo, relacionados con un recluso conocido como “el diabólico”.
Entre el 12 y el 14 de agosto, se registraron nuevos motines de forma simultánea en distintos distritos carcelarios, hechos que incluyeron la retención de agentes.
El 22 de agosto, los rehenes fueron liberados por integrantes de estructuras criminales y, el 25 de agosto, se reportaron nuevos disturbios motivados por exigencias de los reos para el traslado de “del diabólico” a otro penal que no sea Renovación I.
En octubre, el sistema penitenciario vivió un nuevo golpe a su credibilidad: 20 reos de alta peligrosidad, integrantes de la pandilla Barrio 18, escaparon de la cárcel de Fraijanes II, ubicada en el departamento de Guatemala.
Las autoridades confirmaron la fuga el 12 de octubre de 2025, aunque investigaciones del Ministerio Público señalan que la evasión pudo haberse producido entre el 8 y el 11 de octubre del mismo año.
Estos sucesos evidencian las persistentes debilidades del sistema penitenciario, así como los desafíos que enfrentan las autoridades en el control de las cárceles y la seguridad pública, lo que ha llevado al Gobierno a reforzar operativos y estrategias para evitar que incidentes similares se repitan.
Congreso de la República entrará a conocer el estado de sitio este lunes.
Este día quedó oficialmente instaurada la Comisión Postuladora del Tribunal Supremo Electoral (TSE), tras la juramentación de sus integrantes.
El rector de la Universidad de San Carlos, Walter Mazariegos, asumió la presidencia de la Comisión; sin embargo, durante el acto fue objeto de fuertes señalamientos por parte de diputados oficialistas, quienes lo calificaron como “corrupto” y “usurpador”.
En paralelo, el pleno del Congreso aprobó el acuerdo 3-2026, mediante el cual se autoriza la entrega de una ayuda económica de Q300 mil a las familias de los agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) que fallecieron en recientes ataques atribuidos a supuestos pandilleros.
Lee otra noticia:
La medida fue presentada como un respaldo institucional a los deudos de los agentes caídos en cumplimiento del deber.
Ambos hechos reflejan una jornada legislativa de alto impacto, en la que coincidieron la conformación de un proceso clave para la renovación del TSE y la aprobación de un apoyo económico en el contexto de la crisis de seguridad que enfrenta el país. Además se espera que se ratifique el estadio de sitio de Bernardo Arévalo.
El Ministerio de Educación indica que las clases presenciales regresarán este martes.
El Ministerio de Educación (Mineduc) informó, por medio de un comunicado oficial, que mañana martes 20 de enero se reanudarán las clases con normalidad en todo el territorio nacional, luego de seguir los lineamientos y disposiciones de seguridad emitidos por las autoridades correspondientes.
La medida aplica para los centros educativos privados, por cooperativa y municipales cuyos ciclos escolares ya se encuentran en curso, garantizando así la continuidad del proceso educativo.
El Mineduc señaló que mantiene coordinación permanente con las instituciones responsables de la seguridad pública y reiteró el llamado a la comunidad educativa, padres de familia, estudiantes y docentes, a mantenerse informados a través de los canales oficiales de información.
La Policía Nacional Civil (PNC) informó este domingo sobre la captura de un presunto integrante de la organización terrorista Barrio 18, a quien señalan como responsable de la muerte de dos agentes de esa institución.
El detenido fue identificado como Harol Yeraldo Salguero Morales, de 19 años, alias “liro rebelde”, quien según las autoridades tenía rango de ranflero dentro de la mara 18. La aprehensión fue realizada por agentes de la Comisaría 13 en la colonia Cerro Gordo, zona 21 de la ciudad capital.
Durante el operativo, a Salguero Morales se le decomisó una pistola marca Taurus sin licencia de portación, una tolva, ocho municiones y 51 bolsas con marihuana, informó la PNC.
#Urgente
Terrorista del barrio 18 responsable de muerte a dos policías en la calzada Aguilar Batres, zona 11 y herir a otros dos la mañana de este domingo, fue capturado.
Se trata de Harol Yeraldo Salguero Morales, de 19 años, alias “Liro Rebelde” con rango de “ranflero” de la pic.twitter.com/ORupDpQXqs
El subcomisario Gonzalo Calderón, de la Comisaría 14, explicó que tras el ataque armado contra los agentes se activaron de inmediato los protocolos de investigación y seguimiento, lo que permitió la captura del presunto responsable en tiempo récord.
Otro Hecho
En una acción separada, agentes de la Comisaría 11, durante patrullajes en la 20 calle y avenida Elena, zona 3, localizaron un vehículo Hyundai gris, con placas 134 KRW, que había sido abandonado. En su interior se encontraron dos fusiles, así como dos bates y otros indicios.
Según la PNC, el hallazgo fue posible gracias a denuncias ciudadanas y a la coordinación con fiscales del Ministerio Público, quienes realizaron las diligencias correspondientes para el levantamiento de evidencias. Las autoridades indicaron que los indicios permitirán fortalecer la investigación, incluida la obtención de pruebas de ADN.
La denuncia inicial se recibió alrededor de la medianoche, cuando se alertó sobre un vehículo en el que se conducían individuos armados que presuntamente intentaron atacar a una persona. Tras la alerta, se activó un operativo de búsqueda y localización.
De acuerdo con información recabada por los investigadores, el automóvil habría sido utilizado por integrantes del Barrio 18 para el traslado de cadáveres a distintos puntos de la ciudad capital.
Guatemala declara estado de sitio en todo el territorio nacional.
Este lunes fue publicado en el Diario de Centro América el Decreto Gubernativo 1-2026, mediante el cual el Gobierno de Guatemala declara estado de sitio en todo el territorio nacional por un período de 30 días, como parte de una medida excepcional para enfrentar la violencia y las acciones de grupos criminales.
El decreto, junto con el Acuerdo Gubernativo 8-2026, establece que el objetivo principal de esta disposición es proteger a la población, restablecer el orden público y garantizar la seguridad ciudadana, siempre dentro del marco legal.
Según el documento oficial, el estado de sitio permitirá actuar con mayor celeridad contra estructuras criminales, facilitar capturas y allanamientos, así como fortalecer la coordinación directa entre la Policía Nacional Civil (PNC) y el Ejército de Guatemala.
La normativa fue firmada por el presidente Bernardo Arévalo, la vicepresidenta Karin Herrera y el Consejo de Ministros, y deberá ser conocida por el Congreso de la República en un plazo de tres días, para su ratificación, modificación o improbación, conforme lo establece la ley.
Las autoridades aclararon que la vida cotidiana de la población continuará con normalidad, ya que la medida no afecta las actividades diarias, el trabajo, el comercio ni la prestación de servicios públicos y privados.
No obstante, el estado de sitio conlleva la restricción temporal de algunos derechos constitucionales, principalmente en lo relacionado con manifestaciones y la circulación vehicular, únicamente en los lugares y momentos donde sea estrictamente necesario.
El decreto también subraya que el estado de sitio no suspende la libertad de expresión ni de prensa, por lo que no se perseguirá a periodistas ni a ciudadanos por emitir opiniones o informar.
Medidas contempladas
El artículo 6 del decreto detalla que, durante la vigencia del estado de sitio y en casos estrictamente necesarios, las autoridades podrán limitar o impedir reuniones al aire libre, manifestaciones públicas u otros espectáculos; disolver por la fuerza reuniones no autorizadas o aquellas en las que se porten armas o se incurra en actos de violencia; y restringir la circulación o el estacionamiento de vehículos en zonas, horarios o poblaciones determinadas.
Asimismo, se faculta a las autoridades para exigir el auxilio de particulares para garantizar servicios de utilidad pública, ordenar detenciones o confinamientos sin mandamiento judicial de personas sospechosas de alterar el orden público, y repeler o reprimir acciones individuales o colectivas que atenten contra la normalidad y la seguridad ciudadana.
El Gobierno reiteró que estas acciones están enfocadas exclusivamente en hechos de violencia y en grupos criminales que atenten contra la paz y la seguridad de la población.
La Corte Suprema de Justicia (CSJ) y el Organismo Judicial (OJ) confirmaron el fallecimiento de Josué Felipe Baquiax, quien se desempeñó como magistrado de la CSJ durante el período 2014–2019 y asumió la Presidencia del Organismo Judicial entre 2014 y 2015.
A través de una esquela oficial, el presidente en funciones del Organismo Judicial y de la Corte Suprema de Justicia, Carlos Rodimiro Lucero Paz, junto a magistradas, magistrados y la familia judicial, expresaron sus condolencias y solidaridad a los familiares del jurista, haciendo énfasis en su legado y servicio al país.
Baquiax era originario de Totonicapán y desarrolló gran parte de su carrera profesional y académica en Quetzaltenango, donde fue ampliamente reconocido por su aporte al ámbito jurídico y a la formación de nuevas generaciones de profesionales del Derecho.
El Organismo Judicial resaltó su compromiso con el fortalecimiento de la justicia y la institucionalidad del país, así como su aporte durante su gestión al frente de la Corte Suprema de Justicia.
“Pueblo de Guatemala, juntos somos más fuertes. Juntos vamos a vencer”, dice el presidente.
El presidente Bernardo Arévalo anuncia la declaratoria de estado de sitio en todo el territorio nacional por un período de 30 días, como respuesta a las acciones violentas cometidas por pandilleros contra agentes de la Policía Nacional Civil (PNC).
Según el mandatario, la medida busca “garantizar la protección y la seguridad de los ciudadanos” y permite al Estado utilizar toda su capacidad, en especial a la PNC y al Ejército, para actuar contra las pandillas y maras, con el objetivo de frenar acciones que califica como terroristas.
El Presidente aclara que la declaración del estado de sitio no altera las actividades cotidianas de la población ni el funcionamiento de las instituciones públicas o privadas, así como tampoco los procesos de renovación de autoridades judiciales u otros de carácter político. Además, confirma que la suspensión de clases por prevención se aplica únicamente el lunes 19 de enero.
Arévalo subraya que la aplicación del estado de sitio se restringe al combate contra la criminalidad organizada, las maras y pandillas, y a las acciones de violencia destinadas a aterrorizar a la población.
“Quiero decirlo alto y claro: no negociamos con criminales ni toleramos acciones terroristas. En el marco de la ley y con la espada de la justicia, los estamos poniendo de rodillas”, enfatiza.
El mandatario también hace referencia a las acciones emprendidas por el Ministerio de Gobernación para retomar el control de los centros penitenciarios de Fraijanes II, Renovación I y el Sector 11 del Centro Preventivo de la zona 18, donde se registran motines durante el fin de semana. La PNC retoma el control total este domingo y libera a todos los guardias penitenciarios que permanecen retenidos como rehenes por varias horas.
Asimismo, el presidente Arévalo declara tres días de luto nacional tras la muerte de ocho agentes de la PNC durante la jornada de este domingo, a causa de los ataques de las pandillas. Finalmente, hace un llamado a la población guatemalteca a cerrar filas contra los criminales.
A través de un comunicado oficial, autoridades del Ministerio de Gobernación y de la institución policial lamentaron las pérdidas y expresaron su solidaridad con las familias de los agentes caídos.
Los agentes fallecidos fueron identificados como: Claudia Azucena Muñoz Ramos, Samuel Valentín Matul Obispo, José Efraín Revolorio Barrera, Luis Alexander Zetina Pérez, Fernando Alexander Batres Ordoñes, Geovani Dario Tecu Sesam y Sammy Iván López García.
En el pronunciamiento, la PNC habla del el compromiso y servicio de los agentes en el cumplimiento de su deber, al tiempo que pidió fortaleza y resignación para sus familiares ante estas pérdidas irreparables.
Las autoridades reiteraron que las investigaciones continúan y que se mantienen los operativos de seguridad a nivel nacional, como parte de las acciones para restablecer el orden y garantizar la seguridad de la población.
Universitarios del Cunoc tendrán clases presenciales este lunes.
La Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC) informó la suspensión de todas las actividades presenciales a nivel nacional para este lunes 19 de enero de 2026, como medida preventiva ante la situación de seguridad que atraviesa el país.
Por medio de un comunicado oficial, la casa de estudios indicó que la decisión busca preservar la seguridad, integridad física y psicológica, así como el bienestar de la comunidad sancarlista.
No obstante, las actividades académicas y administrativas continuarán desarrollándose en modalidad virtual, de acuerdo con la planificación de cada unidad.
Además, reiteró su compromiso institucional de priorizar la vida, la seguridad y el bienestar de estudiantes, personal académico, administrativo y de servicios.
La universidad exhortó a la comunidad universitaria a mantenerse atenta a la información que se difunda a través de los canales oficiales y a respetar las disposiciones nacionales emitidas por las autoridades gubernamentales.
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